quiénes son las familias que viven en el edificio y por qué no quieren irse

Al acercarse al Parque Florencio Ameghino, en Parque Patricios, la presencia policial se hace cada vez más visible. Todas las vías de acceso están cortadas. Hay patrulleros y motos por todos lados. Una enorme valla policial encierra el lugar como si fuera un campo de refugiados. Adentro, cientos de personas protestan contra la orden de desalojo de una vieja fábrica tomada en la calle Santa Cruz y Uspallata, a pocas cuadras de la sede principal del Gobierno porteño, donde viven más de 100 familias, la mayoría desde hace más de 15 años.

Un juez los obliga a irse. Ellos piden como condición que les den otro lugar para ir a vivir. Fernando Cesari, del juzgado en lo Civil Nro. 60, dispuso mudarlos a hoteles y pensiones. La cooperativa Papa Francisco se niega y rechaza esa oferta por inhumana. El magistrado argumenta que el caso lleva 13 años y que la propiedad le pertenece a un empresario que la compró en un remate en el 2010. Por su lado, el Gobierno de la Ciudad, comenzó la apertura de una mesa de diálogo para lograr una solución.

Finalmente, este martes al mediodía se llegó a un acuerdo que da un plazo de seis meses para negociar la salida de las familias. En principio, el empresario dueño de la propiedad (Leonardo Ratuschny) a la que compró en un remate en 2010, percibirá una compensación mientras el Gobierno porteño resuelve la situación de cada una de las personas.

Fue mucha la tensión que se vivió este martes. Iliana, representante de las familias, en un discurso encendido, frente a un círculo de personas que rodean una fogata improvisada sobre la asfalto, aseguraba -bajo la lluvia- que «nadie se va ir hoy de casa». La escuchaban decenas de militantes del Partido Obrero y referentes de la izquierda y piqueteros como Vanina Biasi y Eduardo Belliboni.

La situación es muy compleja. «Queremos ir a un lugar donde podamos construir nuestras propias viviendas. Estamos dispuestos a pagar por eso. Pero hasta el momento nos niegan esa posibilidad», aseguró Marcela (50), que hace 17 años vive ahí con su hija y sus dos nietos.

Marcela vive hace 17 años en Santa Cruz y Uspallata con su familia. Foto: Luciano Thieberger
Félix, uno de los primeros ocupantes del edificio de Santa Cruz y Uspallata, en Parque Patricios. Foto: Luciano Thieberger.  Félix, uno de los primeros ocupantes del edificio de Santa Cruz y Uspallata, en Parque Patricios. Foto: Luciano Thieberger.

«No queremos nada gratis. No podemos mudarnos a hoteles. Hay chicos y gente mayor con problemas de salud. Necesitamos que nos den una solución que nos permita vivir dignamente», sostuvo Félix (67), que hace 19 años habita la fábrica. Cuenta que la situación es muy dura y difícil. «El juez le dio la razón al dueño y nos quieren sacar de acá y llevarnos a un parador. Pero el juez sabe que un parador no es un lugar para las familias».

María (35) es enfermera. Vive en la fábrica hace 20 años con su esposo e hijos. Formó parte de las primeras familias que tomaron el lugar. «Mis hijos nacieron acá. Hay un montón de niños que van a perder todo. Es injusto que no echen como si fuéramos animales sin darnos nada». Dice que el sueldo no le alcanza para alquilar algo. «Estoy angustiada y con miedo por lo que pueda pasar. No podemos caer en la calle sin un techo».

Maria, otra de las ocupantes del edificio de Santa Cruz y Uspallata: vive ahí hace 20 años. Tiene cuatro hijos. Foto: Luciano ThiebergerMaria, otra de las ocupantes del edificio de Santa Cruz y Uspallata: vive ahí hace 20 años. Tiene cuatro hijos. Foto: Luciano Thieberger

Aseguran que quisieron comprar la propiedad pero el dueño pidió mucha plata. También propusieron alquilarla. Tampoco aceptó. Dentro la fábrica cada familia construyó su propio departamento. Algunos tienen baño. Otros no, y usan el del hospital Muñiz, que está cruzando la plaza. «Los servicios están a nombre de la cooperativa y los pagamos. Igual que las cloacas. No tenemos gas. Nos manejamos con garrafas», contó Félix.

Al principio eran 40 personas las que vivían ahí. «Pero las familias empezaron a crecer y ahora somos más de 300 personas». agregó Marcela.

«Propusieron, como muestra de fe, que algunas familias abandonen el lugar. Pero eso no lo vamos hacer. No vamos a entregar a nadie», decía Liliana antes de que se conociera el resultado de la negociación. Ahora tendrán seis meses de plazo.

Tensión por una orden de desalojo en Uspallata y Santa Cruz. Foto: Luciano Thieberger. Tensión por una orden de desalojo en Uspallata y Santa Cruz. Foto: Luciano Thieberger.