Este diciembre tendrá lugar en Emiratos Árabes Unidos la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de avanzar en las negociaciones en respuesta a la crisis climática global.
Entre las principales soluciones, propone un modelo de transición energética que intensifique la demanda de minerales y que no tenga en cuenta el papel de ecosistemas como los altos humedales para la adaptación y mitigación del cambio climático ni las comunidades de derechos que protegen los impactos. de la minera. En definitiva, no estamos proponiendo una salida total para modificar el sistema de producción y consumo en el que estamos trabajando en esta situación de crisis.
Para ello, la Alianza por los Humedales Andinos entre organizaciones ambientales y de derechos humanos de Argentina, Bolivia y Chile tiene como objetivo promover la protección y conservación de estos ecosistemas. Los hidrocarburos secuestran y almacenan dióxido de carbono son claves en la regulación de la disponibilidad y calidad del agua.
Sin embargo, su degradación exacerbada por el cambio climático es la amenaza de la mina de litio, que puede comprometer sus funciones centrales y provocar la liberación de gases con efecto invernal.
La disputa, disputada en los salarios de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 53% de las reservas mundiales, ha recibido especial atención por parte del Norte Global (principalmente Estados Unidos, Europa y China), que se compromete a garantizar el acceso y control. Estos son el tipo de minerales llamados “críticos” para tu modelo de transición energética y para tu seguridad energética.
La extracción requiere un gran consumo de agua (el proyecto Olaroz en Argentina consumió en 2021 sólo 584,1 m3/tonelada de Li2CO3 producida), en zonas muy áridas y con severas temperaturas hidroeléctricas, lo que corre el riesgo de comprometer gravemente la integridad de los humedales. y vigilancia de la población.
En Argentina, además, no existe una evaluación ambiental estratégica ni un análisis de impacto acumulativo para determinar el impacto real de sacar del mapa los más de 36 proyectos. Tampoco respeta la legislación ambiental e indígena, como los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo d’Escazú, ni la consulta previa del Convenio 169 de la OIT. Tampoco garantiza los derechos de los defensores del medio ambiente. Además, en el país no existe una ley de protección a los humedales, pero ya hace más de una década que la sociedad se recuperó.
En este escenario de la Alianza de Humedales Andinos se llama la atención de la sociedad global, nacional y local sobre la importancia estratégica de estos sistemas ecológicos, y los protegemos para que ni ellos ni las comunidades que los habitan sean arrasados. En pos de una transición energética, no se trata de reducir los sistemas de hiperconsumo y perpetuar las asimetrías entre el Norte y el Sur Global.
