La entidad parainstitucional hará campaña por el ‘no’ a la vez que su líder negocia con el PSOE el voto de Junts
Carles Puigdemont se halla desde hoy ante una paradójica situación. Mientras negocia con el PSOE el decisivo voto de los siete diputados de Junts en la investidura de Pedro Sánchez, el Consell de la República que él mismo lidera iniciará una campaña para pedir a los partidos independentistas que bloqueen la reelección del candidato socialista y actual presidente del Gobierno en funciones.
En una consulta entre los registrados en este órgano parainstitucional, con un escaso porcentaje de participación (4,45%), la opción de reclamar el no tanto a los parlamentarios posconvergentes como a los siete representantes de Esquerra Republicana en el Congreso ha vencido con rotundidad: un 74,9% de los votos frente al 24,9% de partidarios de no reclamar un bloqueo que llevaría a una repetición electoral en enero.
La consulta, cuya pregunta era «¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?», fue impulsada por un miembro del Consell tras lograr los avales necesarios: un 1% de los más de 90.000 registrados que asegura tener el ente creado por Puigdemont en 2018 para mantener vivo el procés desde Waterloo (Bélgica).
Las votaciones telemáticas se iniciaron el pasado martes y concluyeron ayer. Pese al formato electrónico, los resultados han tardado 24 horas en ser difundidos, bajo el pretexto de que debían ser validados por la Sindicatura electoral. La decisión del organismo privado que fue ideado para ejercer como un Gobierno y un Parlamento «en el exilio» no tendría por qué alterar el curso de las negociaciones de los partidos independentistas con el PSOE. Además, el bajo número de inscritos que han participado en la consulta (4.021 personas de un censo de 90.484) también relativiza el peso del resultado. Eso sí, en el caso de Junts pone en un brete a su eurodiputado y principal guía, ya que Puigdemont ostenta el cargo de presidente del Consell y son los posconvergentes quienes siempre han defendido la utilidad de la entidad paragubernamental, frente a los recelos de ERC y también de la CUP, que advierten objetivos partidistas.
Con un plazo de presentación de reclamaciones que durará hasta el 27 de octubre, los resultados definitivos serán proclamados el 2 de noviembre, aunque la clara distancia entre las dos respuestas no permite que pueda haber un cambio sustancial. La dirección del Consell no ha valorado públicamente el resultado y se ha limitado a señalar que lo comunicará de manera inmediata a las cúpulas de los partidos independentistas catalanes.
Previendo un posible escenario como el que se desprende de esta consulta, el ex consejero de la Generalitat Lluís Puig, miembro del equipo de gobierno del Consell y diputado de Junts en el Parlament desde Bruselas, ya apuntó la semana pasada, en una entrevista en la Cadena Ser, la posibilidad de que los asociados del Consell votaran a favor del bloqueo y que, en cambio, la formación posconvergente optase por el sí a la reelección de Sánchez como presidente.
Polémica reforma del Consell
Salvo el adiós de la también eurodiputada de JxCat y ex consejera del Ejecutivo catalán Clara Ponsatí hace más de dos años, con acusaciones al Consell de haber caído «en las dinámicas de la política y el Govern autonómicos», la entidad ha sido en todo este tiempo una balsa de aceite para Puigdemont, que incluso abandonó sus responsabilidades orgánicas en Junts en 2022 para ejercerlas únicamente en el Consell, donde se rodea de fieles. Pero ese oasis se ha truncado en las últimas semanas. Al capítulo iniciado esta tarde le precedía la polémica reforma de la estructura organizativa de la entidad independentista.
Los planes anunciados por Puigdemont a finales de agosto de retirar poder a la Asamblea de Representantes (el Parlamento oficioso dentro del organigrama del Consell) dividiéndola en dos cámara soliviantó a un sector crítico, compuesto por una treintena de sus 121 miembros, que se enfrentó a la dirección públicamente y acusó al vicepresidente, el europarlamentario de JxCat y ex consejero de la Generalitat Toni Comín, de «autoritarismo» y beneficiar económicamente a personas «de su entorno» con dinero de la entidad. El equipo de gobierno cerró filas con su número dos y rechazó todas las críticas.
La semana pasada se conoció el resultado de la consulta que debía avalar o rechazar la propuesta de la cúpula presidida por el líder de Junts. Un 76,5% de los asociados dieron el sí a la reestructuración de la entidad. Puigdemont salió reforzado, pero a medias, ya que la participación registrada fue igualmente muy baja: un 6,53% de los registrados en el Consell.