El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) ha anunciado hoy que dirígete al Defensor del Pueblo para solicitar interponga recurso de inconstitucionalidad en el caso de aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña.
El alcalde de la capital tinterfeña ha sido el primer regidor en España para poner en marcha la iniciativa de estudiar esta institución, con una decisión que viene motivada por la informar quien desarrolló los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, atendiendo a una instrucción de la alcaldesa del pasado 15 de noviembre pidiéndole que explorara todas las alternativas legales para evitar perturbaciones parlamentarias o, en su caso, la aplicación de esta ley.
La información determina que, una vez presentado el Proyecto de Ley Orgánica al Congreso, «el Ayuntamiento, por tanto, no está legitimado para intervenir en su presentación», pero, además, expone la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, una vez esté aprobada la Ley.
Porque el uso de la inconstitucionalidad puede ser impugnado por el presidente del Gobierno, por cinco diputados, cinco senadores o por el defensor del pueblo, Bermúdez considera que “en un clima de polarización, agudizado por culpa de esta Ley, donde la política está contaminar la vida social y es ante los jueces, la forma más adecuada es asegurar que este órgano presente este recurso ante el Tribunal Constitucional”.
El argumento del regulador es la decisión relativa al carácter «independiente y apolítico» de esta figura, tal y como reconoce la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, y recuerda que el defensor del pueblo «debe serlo todos los españoles» que consideramos que “En este momento es la única organización que puede actuar como defensora de la ciudad”.
El cuidado es fundamental en eso. La norma vulnerable a la Constitución española. de 1978 y, entre otros, los principios fundamentales de seguridad jurídica, igualdad de todos los españoles ante la ley y independencia judicial, «de la forma en que se utiliza como instrumento una ley, que, por principio, debe ser general». política para el privilegio de unos pocos”.
Asimismo, se sustentará en la conclusión de la información de los servicios jurídicos municipales, en el chicos de gran parte de magistradosNotarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos sobre el marco constitucional de esta norma y sobre el jefe de Gobierno y diversos ministros y altos cargos socialistas han reiterado la inconstitucionalidad de esta ley ante la ley. formar el Gobierno”.
“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos; tú decides, utilizar todas las rutas a nuestra ubicación Para oponernos a esta ley orgánica lo estamos haciendo, en defensa del bien común, de la Constitución legal y de los principios democráticos”, afirmó Bermúdez.